Las investigaciones vinculan al imputado Yeyson Rojas Mosquea a una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato relacionada con el cartel de Sinaloa
TRIBUNALESHoy incertidumbre
Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un arrestado en la Operación Jaguar puesta en marcha esta semana contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional.
La medida contra Yeyson Rojas Mosquea fue presentada por un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de la provincia Sánchez Ramírez.
El documento explica que el Ministerio Público tiene abierta una investigación sobre una estructura criminal que opera entre República Dominicana y México, la cual se dedica al tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, sicariatos y otras actividades criminales.
Indica que, como parte de las investigaciones, el primero de julio de 2025, el Ministerio Público, junto a la Policía Nacional y la Dirección de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), ejecutó una operación en contra de una célula del cartel mexicano de Sinaloa.
Dicha célula ordenó y pagó por el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (el Polin) y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (Gueilón), el 10 de febrero de 2025, en el sector Cocos, del municipio Cotuí.
Por este hecho son perseguido como principales sospechosos los mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega, contra quienes las autoridades dominicanas mantienen una persecución activa con la colaboración de la Oficina Central Nacional de la Interpol en Santo Domingo y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
Los hechos criminales ocurridos en Cotuí, explica el Ministerio Público al tribunal, fueron ordenados y planificados por miembros del cartel de Sinaloa en complicidad con ciudadanos dominicanos, como parte de una acción dirigida a silenciar a personas relacionadas a la indicada organización criminal.
El Ministerio Público amplía las investigaciones contra los miembros de esta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, armas, sicariato internacional y lavado de activos para seguir con otros sometimientos judiciales dentro del marco de la operación.
En el escrito de acusación, de 20 páginas, se acusa al alcalde de «falsificación reiterada» y se afirma que «obtuvo el diploma de forma fraudulenta y participó en el delito de falsificación».
El arma fue vinculada a la escena del crimen mediante análisis balísticos, al coincidir los casquillos recolectados con los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas.
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El órgano persecutor del delito le ha dado la calificación jurídica provisional de violación al artículo 220 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que castiga la conducción temeraria o descuidada.
'Si no cumple o dice mentiras al respecto, se le aplicaría la condena más severa, que en este caso para él es cadena perpetua', aseguró el periodista en 'Aristegui en Vivo'.