El convenio contribuirá a reducir el número de rebeldes judiciales.
TRIBUNALES06 de julio de 2025 INCERTIDUMBRE
Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, firmaron un memorando de entendimiento que garantiza el interés de la ciudadanía al permitir al Ministerio Público un mayor control sobre los contratos de fianzas judiciales que deban ser ejecutados.
El memorando, que viene a fortalecer la transparencia y la efectividad del sistema de administración de Justicia, compromete a la Superintendencia de Seguros a mantener al tanto a la Procuraduría General de la República de la lista de compañías autorizadas a expedir contratos de fianza judicial y a informar, oportunamente, cualquier cambio provisional o permanente que sufra la información originalmente suministrada.
Otros de los compromisos adquiridos mediante esta iniciativa consiste en el suministro al órgano persecutor de la información pertinente sobre las operaciones de aseguradoras en el marco de las competencias y facultades de la Superintendencia de Seguros, con la confidencialidad y el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.
En ese contexto, la Superintendencia de Seguros informará oportunamente de cualquier irregularidad que detecten sus inspectores en relación con el proceso de expedición de los contratos de fianza judicial por parte de las compañías de seguros, “incluyendo, la identificación de las personas responsables de tales irregularidades”.
En aras de la transparencia, la Superintendencia de Seguros también vigilará que las compañías de seguros cumplan con sus obligaciones con respecto a los contratos de fianza judicial que hayan suscrito, incluyendo, el respeto al pleno de retención y el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en los respectivos contratos y en las disposiciones legales pertinentes.
Por su parte, la Procuraduría General de la República informará a la Superintendencia de Seguros sobre cualquier irregularidad detectada en la expedición de los contratos de fianza judicial por parte de las compañías de seguros, así como también sobre los casos de contratos de fianzas judiciales que deban ser ejecutados o hayan sido cancelados.
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de mantener debidamente informados a sus miembros sobre las compañías aseguradoras autorizadas para expedir fianzas judiciales, con la finalidad de que cada uno de ellos pueda verificar la regularidad de los contratos de fianza judicial emitidos por las compañías aseguradoras.
En la firma de este memorando de colaboración interinstitucional, la procuradora Reynoso estuvo acompañada de la directora jurídica del Ministerio Público, Frinnette Padilla. También, por la directora de la Unidad de gestión de Cobros de Multas y Garantías Económicas, Katiuska Viviano Castillo, y la secretaria general del Ministerio Público, Wendy Estrella.
Por su parte, el superintendente de Seguros, Valentín Jiminián, se hizo acompañar por la directora jurídica de esa institución, Isaura Peñaló. También, por Fernando Langa y Rafiel Vásquez, el director técnico, José de La Cruz; la encargada de Certificaciones y Finanzas, Librada Colón, y por el director de Tecnología de la Información, Amílcar Carrasco.
El convenio establece que en colaboración con ambas instituciones y con las aseguradoras interesadas en contribuir al fortalecimiento de un marco operativo transparente, los equipos técnicos aprobarán un formato de contrato uniforme para la fianza judicial, el cual será utilizado por todas las compañías de seguros autorizadas en el país.
En el compromiso mutuo que han adquirido, la Procuraduría General y la Superintendencia de Seguros desarrollarán programas de capacitación en materia de seguros.
Fueron entregados a las autoridades de su país por las puertas binacionales de Elías Piña (532 personas), Dajabón (245), Jimaní (60) y Pedernales (52).
El detenido fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
El decomiso se hizo en el AILA y se enmarca dentro del reforzamiento de los operativos de interdicción
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El Supremo coincidió en que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y en que varias evidencias recogidas por los investigadores no tenían validez procesal al haberse obtenido de manera ilegal.
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“Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senase al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”,
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