Fue capturado el pasado 23 de abril cuando llegó a Medellín en un vuelo procedente de Punta Cana.
TRIBUNALESEl jueves Redacción Internacional
Pompas fúnebres, alquiler de tumbas y ataúdes, funeraria y sala de cremación. Eso era lo que supuestamente funcionaba en un local que abrió sus puertas, desde 2012, bajo el nombre de Funeraria y Parque Cementerio Jardín Cristo Rey SAS.
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Cuando el negocio empezó a coger impulso y, además de la sede en Santa Marta ya tenía sucursales en los municipios de Tenerife y Plato (Magdalena), hubo una llamativa cesión que incluyó el cambio de ataúdes por carros de alta gama y que llamó la atención de agentes federales antinarcóticos.
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Punta Cana y automóviles
Carlos Mario Ramos viajaba con frecuencia a Punta Cana (República Dominicana). Foto:Efe
En efecto, en documentos en poder de EL TIEMPO consta que a la notaría 3 de Santa Marta se presentó un joven empresario quien aseguró que la dueña de la funeraria se la cedió a título gratuito y por un pago simbólico de 100 mil pesos.
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El nuevo dueño de la funeraria resultó ser Carlos Mario Ramos Polo, capturado el pasado 23 de abril cuando llegó a Medellín en un vuelo procedente de Punta Cana.
Allá, en República Dominicana, dijo que era dueño de un concesionario de carros de alta gama, que resultó tener la misma dirección de la funeraria. Pero para las autoridades es un poderoso narcotraficante invisible que estaba lavando plata de negocios con capos mexicanos y con un poderoso socio colombiano.
Las autoridades aseguran tener evidencia de que el señalado capo, conocido con el alias de 'el Boliviano', estaba al servicio de alias Chirimoya, cabecilla del ‘clan del Golfo’, recientemente abatido y cuya baja ha desencadenado el llamado ‘Plan Pistola’ contra miembros de la fuerza pública que ya deja más de 28 muertos.
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EL TIEMPO investigó y estableció que, en 2019, Ramos Polo le cambió el nombre a la funeraria y montó un concesionario de carros de alta gama al que llamó Multipropósito la 19, una firma dedicada al comercio de vehículos automotores y a las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
De manera paralela, según el expediente en su contra, empezó a enviar embarques de cocaína por Centroamérica.
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Se produjo el delito al emitirse la decisión desfavorable en el tribunal, Ramos profirió amenazas de muerte directas al fiscal.
Sánchez Martínez, de 26 años de edad, le provocó la muerte el pasado año a Santana Escalante, de 23 años, en la Zona Franca de Las Américas, en donde ambos laboraban.
Así mismo, el fallo menciona que dicha «medida cautelar» se mantendrá «entre tanto no se resuelva la presente queja».
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, valoró que el tribunal venciera un nuevo intento dilatorio de la defensa