
Policía Nacional apresa hombre acusado de la muerte de su hijastro de dos años en Cristo Rey
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.
La juez abre juicio oral sin esperar a que la Audiencia de Badajoz resuelva sobre los recursos al procesamiento
TRIBUNALESHace 3 horas FUENTE EXTERNALa juez Beatriz Biedma ha dictado auto de apertura de juicio oral para David Sánchez a las que procesó por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La instructora da el paso después de confirmar el procesamiento de todos ellos en el marco de la investigación que se siguió en los juzgados de Badajoz por la creación de la plaza pública que se adjudicó el músico en 2017. La juez envía ahora la causa al juzgado de lo penal de Badajoz (el órgano competente al afrontar todos ellos penas inferiores a los cinco años de cárcel). Sin embargo, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, buscará que con su futuro aforamiento la causa se termine juzgando en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En esta nueva tanda de autos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz confirma, por un lado, el procesamiento acordado hace apenas unos días contra los investigados y, tras ello, les abre juicio oral. Contra este último pronunciamiento no cabe recurso ya que es firme. Así pues, la instructora sienta en el banquillo al músico; al que fuera asesor de Moncloa, Luis Carrero; al todavía presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a una serie de altos cargos de este ente que participaron en la creación de la plaza de coordinador de conservatorios.
Se trata de un procedimiento que impulsó Manos Limpias y en el marco del cual no ha acusado la Fiscalía. Más bien al contrario, el Ministerio Público recurrió el auto de procesamiento del hermano del líder del PSOE asegurando, además, que la instructora se apoyó en "conjeturas e hipótesis". Las acusaciones populares, por su parte, presentaron su escrito de acusación, en el que pidieron tres años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno y multa de 32.000 euros. Del mismo modo, reclamaron también tres años de cárcel para Gallardo.
El aforamiento de Gallardo
Precisamente, lo relativo a su aforamiento es determinante en aras a esclarecer qué órgano juzgará los hechos. El PSOE extremeño activó los mecanismos para que Gallardo fuera nombrado diputado y, así, derivar toda la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De seguir los cauces ordinarios, el asunto se derivaría a este órgano -al igual que ocurrió, por ejemplo, con el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez-.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.
Los inmigrantes se desplazaban entre matorrales en el Distrito Municipal Santiago de la Cruz.
"Tatán" había ingresado en múltiples ocasiones anteriores a la propiedad, sustrayendo una cantidad indeterminada de plátanos, valorados aproximadamente en RD$50,000.00.
Fueron apresados Samuel Antonio Núñez, alias “Samuel”; Frendy Rodríguez González, alias “Breo” ambos residentes en Jánico; Leonardo Jiménez de los Santos, alias “El Niño” residente en Jarabacoa; y Fernando Rodríguez González, alias “El Chulo” residente en Santiago.
Los defensores de los derechos LGBTQ+ celebraron el fallo, mientras que la asociación Pro Vida y Familia lo criticó, afirmando que enviaba a miles de niños nacidos de padres del mismo sexo a “una broma existencial”.
Una paciente inició acciones legales contra el sistema Allina Health después de que un cirujano, en lugar de extraer un bazo enfermo, le retirara un riñón sano, provocándole daños irreversibles en su salud
“El acusado le realizó varios disparos impactando a la víctima, provocando su muerte, así como también hiriendo a las víctimas y testigos”, refiere la acusación del Ministerio Público.
Se le impuso al procesado medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$25 mil en efectivo que deberá depositar en el Banco Agrícola y presentación periódica mensual.
“Los detalles de la política policial, contratación, entrenamiento, gestión, promoción y políticas internas se deben decidir mejor a nivel local, donde hay responsabilidad local y control local sobre los temas de financiamiento y políticas”, declaró Dhillon.
El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés).