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Mohammed está acusado de desarrollar y dirigir el plan para estrellar aviones secuestrados contra el World Trade Center y el Pentágono. Otro de los aviones secuestrados se estrelló en un campo en Pensilvania.
TRIBUNALES11 de julio de 2025WASHINGTON — Una corte federal de apelaciones dividida anuló el viernes un acuerdo que habría permitido a Khalid Sheikh Mohammed, presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, declararse culpable en un trato que le salvaría del riesgo de ejecución por los ataques perpetrados por Al Qaeda.
La decisión de un panel de la corte federal de apelaciones de Washington, D.C., deshace un intento de concluir más de dos décadas de un enjuiciamiento militar plagado de problemas jurídicos y logísticos. Señala que no habrá un fin rápido a la larga lucha del ejército de Estados Unidos y los gobiernos sucesivos para llevar ante la justicia al hombre acusado de planear uno de los ataques más mortales en la historia de Estados Unidos.
El acuerdo, negociado durante dos años y aprobado hace un año por los fiscales militares y el alto funcionario del Pentágono para la Bahía de Guantánamo, Cuba, estipulaba cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional para Mohammed y dos coacusados.
Mohammed está acusado de desarrollar y dirigir el plan para estrellar aviones secuestrados contra el World Trade Center y el Pentágono. Otro de los aviones secuestrados se estrelló en un campo en Pensilvania.
Los familiares de las víctimas del 11 de septiembre estaban divididos sobre el acuerdo de culpabilidad. Algunos se opusieron, diciendo que un juicio era el mejor camino hacia la justicia y para obtener más información sobre los ataques, y otros lo vieron como la mejor esperanza para concluir el doloroso caso y obtener algunas respuestas de los acusados.
El acuerdo de culpabilidad habría obligado a los hombres a responder cualquier pregunta pendiente que las familias de las víctimas tengan sobre los ataques.
Pero el entonces secretario de Defensa Lloyd Austin repudió el acuerdo, afirmando que una decisión sobre la pena de muerte en un ataque tan grave como el del 11 de septiembre sólo debería ser tomada por el secretario de Defensa.
Los abogados de los acusados argumentaron que el acuerdo ya estaba legalmente en vigor y que Austin, quien sirvió bajo la presidencia de Joe Biden, actuó demasiado tarde para intentar anularlo. Un juez militar en Guantánamo y un panel de apelaciones militares estuvieron de acuerdo con los abogados defensores.
Sin embargo, por una votación de 2 a favor y 1 en contra, la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que Austin actuó dentro de su autoridad y criticó la decisión del juez militar.
El panel había puesto previamente el acuerdo en espera mientras consideraba la apelación, presentada primero por el gobierno de Biden y luego continuada bajo el mando del presidente Donald Trump.
“Al haber asumido adecuadamente la autoridad convocante, el secretario determinó que ‘las familias y el público estadounidense merecen la oportunidad de ver los juicios de las comisiones militares llevados a cabo’. El secretario actuó dentro de los límites de su autoridad legal, y nos negamos a cuestionar su juicio”, escribieron las juezas Patricia Millett y Neomi Rao.
Millett fue designada por el expresidente Barack Obama, mientras que Rao fue nombrada por Trump.
En una disidencia, el juez Robert Wilkins, designado por Obama, escribió: “El gobierno no ha estado ni remotamente cerca de demostrar clara e indiscutiblemente que el juez militar se equivocó”.
Brett Eagleson, quien estaba entre los familiares que se opusieron al acuerdo, calificó el fallo de la corte de apelaciones del viernes como “una buena victoria, por ahora”.
“Un acuerdo de culpabilidad permite que esto se guarde en un paquete bonito, envuelto con un lazo y puesto en un estante para ser olvidado”, dijo Eagleson, quien tenía 15 años cuando su padre, el ejecutivo de un centro comercial John Bruce Eagleson, fue asesinado en los ataques.
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Ocho de las víctimas, con edades entre los 14 y 17 años, redactaron cartas, y las enviaron al departamento de psicología de su escuela, en las que relataban los abusos que sufrían por parte del docente.
La jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en un centro de corrección y rehabilitación, el cual no se especifica por razones de seguridad.
Luego de cometer el crimen, el ahora condenado se presentó por ante la Policía Nacional el viernes 24 de mayo del año 2024, alrededor de las 10:30 de la noche, donde confesó los hechos.
El procesado además deberá pagar a las víctimas una indemnización de RD$3.0 millones gestionada por los abogados del Relevic
El agresor fue detenido en la misma sala del tribunal donde se produjo la agresión.