
Alex Call sumó tres hits para Washington, que ha ganado tres de sus últimos cuatro juegos.
Fiscales y miembros de la DNCD realizan 13 allanamientos e incautaciones
TRIBUNALESAyer incertidumbreSANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.
La estructura criminal era encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio, quienes son procesados.
En la operación, en la que participaron 5 fiscales, más de 70 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico, se incautaron 10 propiedades, así como documentos vinculantes, títulos de propiedad y aparatos electrónicos a los que se les realizará el análisis pericial correspondiente.
Entre los lugares intervenidos figuran Loma Atravesada, Las Galeras, Las Terrenas, en la provincia Samaná, y en Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.
La referida estructura criminal se dedicaba a realizar acciones ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional y al lavado de activos proveniente de dicho delito precedente, en violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 20 de febrero del año 2023 le fueron ocupados doscientos cuarenta y tres (243) paquetes conteniendo doscientos cincuenta punto cincuenta y ocho kilogramos (250.58 KG) de cocaína clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre las conductas que se atribuyó a la estructura, además estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico, donde también fueron ocupados 328 kilogramos de cocaína. Con el dinero movido por esta actividad criminal los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, además de que hicieron simulación de ventas y colocaron altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención, para incluir a otros miembros de la estructura, con la Operación Arrecife 2.0.
El órgano persecutor presentó acusación penal contra los miembros de la organización, la cual fue sustentada con más de 600 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados a los hechos que son investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
El expediente también involucra al prófugo Joel Antonio Estévez Batista.
Alex Call sumó tres hits para Washington, que ha ganado tres de sus últimos cuatro juegos.
El dominicano Juan Mejía (1-0) obtuvo la victoria como relevo de Kyle Freeland, quien lanzó seis sólidas entradas, y Seth Halvorsen consiguió su séptimo salvamento.
El arma fue vinculada a la escena del crimen mediante análisis balísticos, al coincidir los casquillos recolectados con los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas.
La mujer, de nacionalidad haitiana, elaboraba clerén y fue arrestada durante un operativo realizado por la Unidad de Comercio Ilícito en Navarrete con el apoyo de Ceccom y Medio Ambiente
El órgano persecutor del delito le ha dado la calificación jurídica provisional de violación al artículo 220 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que castiga la conducción temeraria o descuidada.
'Si no cumple o dice mentiras al respecto, se le aplicaría la condena más severa, que en este caso para él es cadena perpetua', aseguró el periodista en 'Aristegui en Vivo'.
El ahora condenado agredió a la víctima con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo, interviniendo de inmediato la seguridad de la universidad y varios estudiantes que acudieron a proteger a su compañera de estudios y a detener la agresión.
Unas 300 querellas de igual número de afectados de la estafa inmobiliaria y lavado de activos han sido presentadas ante el órgano persecutor