La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión tras rechazar la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva.
CORRUPCIÓN03 de abril de 2025 Incertidumbre
La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de cuatro colombianos acusados de drogar a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias, en hechos ocurridos en los sectores Ensanche Naco y Los Prados del Distrito Nacional.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión tras rechazar la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, presentada por el fiscal adjunto Johnny Arroyo, titular de la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, quien alegaba que existía un alto riesgo de fuga.
Asimismo, la magistrada dispuso el pago de una garantía económica de cien mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica para María Fernanda Jurado Martínez, Laura Valentina Mosquera Hernández, Nicolás Giraldo Murillo y Joseph Stiven Rodríguez Pérez.
Aclara que no hubo cinco heridos como se difundió erróneamente en redes sociales y medios digitales.
Los miembros del ERD fueron alertados por el propietario del lugar, sobre la presencia de los extranjeros indocumentados.
Esta iniciativa fortalece el compromiso institucional de la DGM con el orden migratorio, la eficiencia operativa y la preservación de los recursos públicos.
En operativos realizados para retirar armas de fuego ilegales de las calles.
Martinelli se refugió en la embajada nicaragüense el 7 de febrero de 2024, tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.
Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.
La Corte Suprema indicó que la única prueba fehaciente es la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín y el consorcio, pero que esto no sería suficiente para probar el delito del que se acusa a Vladimir Cerrón.
A solicitud del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, el Tribunal Colegiado condenó a cinco años de prisión.
El tribunal estuvo compuesto por los jueces Mercedes Reyes Ana Virginia Socías y Ranciel Castillo.
Por robo, cuando quieren, imponen 15 y 20 años de prisión; por un asesinato u homicidio, 12 años.